David Ravelo

CREDHOS llegó a casa a avisarnos: agentes del CTI habían llegado a la oficina con una orden de captura y habían detenido a David. Era el 14 de septiembre de 2010 pasado el mediodía. Desde que salió por la puerta de CREDHOS, en Barrancabermeja se extendió el rumor: “David ha sido detenido”, un gran número de personas se agolparon en las puertas de la fiscalía tratando de entender qué pasaba: por qué este defensor de derechos humanos, superviviente del genocidio dela Unión Patriótica, líder, referente y vocero del movimiento social del Magdalena Medio, estaba detenido. Esa misma gente fue a despedirle al aeropuerto Yarigüies, entre gritos y vítores declaraban su inocencia y despedían el avión en el que él viajaba rumbo a Bogotá.

Brigadas Internacionales de Paz pudo entrar a visitarle en la cárcel dela Picotaunos días después. David nos recibió con una gran sonrisa, la misma que nos regalaba cuando pasaba por la casa a charlar y tomar su tinto sin azúcar. Si no fuera por las rejas que estaban detrás de nosotros, si sólo fuera por su fortaleza y ánimo, parecería que nada había pasado. En medio del desconcierto y dela frustración Davidvolvió a darnos una lección de entereza: “soy inocente y aunque tenga que demostrarlo desde la cárcel lo voy hacer, porque la verdad nos hará libres”.

David está acusado de ser autor intelectual del homicidio el 5 de abril de 1991 de David Nuñez Cala, ex concejal de obras públicas de la ciudad de Barrancabermeja. Le acusan de haberse reunido con miembros de las FARC y de haber decidido junto a ellos el asesinato del dirigente político. Pero a David se le llena la boca defendiendo su inocencia, y relata una y otra vez las incongruencias de los testimonios de los paramilitares desmovilizados que lo señalan y a los que él había denunciado anteriormente. David confía en que, a pesar de llevar más de 380 días retenido, va a salir en libertad y todos van a reconocerle su inocencia.

Carmelo Agámez

“Estos son los riesgos que uno corre cuando desarrolla este tipo de trabajo”. Estas fueron las primeras palabras públicas que pronunció Carmelo Agámez el día después de haber recuperado su libertad, refiriéndose a los tres años que permaneció en la cárcel.

Carmelo Agámez hizo una aparición por sorpresa durante la presentación del informe “Santos ¿Mejor que con Uribe?” que recoge las amenazas que se han producido contra defensores de derechos humanos en el último año. El documento fue presentado por la coalición de ONG Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado) el 27 de septiembre de 2011.  Las 150 personas pertenecientes a organizaciones sociales e internacionales presentes en el acto, lo recibieron con aplausos prolongados y repetidos varias veces durante su intervención.

Este hombre de unos 60 años fue encarcelado en noviembre de 2008 por presuntos vínculos con grupos paramilitares que él mismo denunció. Para el MOVICE se trata de un montaje judicial porque Agámez ha estado trabajando en Montes de María ayudando a los familiares de víctimas de asesinatos y desaparecidos y a otros a quienes les quitaron sus tierras. También intentó revelar los contactos entre las administraciones locales y los paramilitares. Antes de su encarcelamiento fue secretario técnico del MOVICE Sucre.

Jamás me habría imaginado que una audiencia pública pudiera transcurrir en un espacio tan pequeño. 13 personas —entre ellas la jueza, el fiscal, los abogados, el policía y el acusado, David Ravelo— se encuentran en un espacio de apenas 12 metros cuadrados. No puedo creer que en este mismo espacio la jueza vaya a llamar a declarar al ex paramilitar alias ‘El Panadero’. Casi me dan escalofríos sólo de pensar que estaré tan cerca de este hombre, aquí, en el despacho de la jueza. Este hombre, Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, hace poco fue condenado a una pena de 40 años por su participación en una masacre perpetrada el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja. Allí los paramilitares a las órdenes de ‘El Panadero’ asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras 25. Hoy, ‘El Panadero’ y otro paramilitar desmovilizado son los únicos testigos en el caso contra David Ravelo, reconocido defensor de derechos humanos de Barrancabermeja acusado de haber participado en un homicidio hace 20 años.

David Ravelo (izquierda) y Alirio Uribe (derecha)

«Las condiciones del juicio no son muy buenas porque no había una sala de audiencias y  entonces se hizo la diligencia en el despacho», explica su abogado Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Sin saber mucho de audiencias, le doy la razón. Entre el sonido del ventilador y el ruido de la calle es difícil escuchar bien y menos aún para las 40 personas —familiares, amistades y miembros del grupo de apoyo de David— que les toca esperar afuera dado al espacio reducido. No hay micrófono y tampoco se graban las intervenciones de las partes que hablan al paso del secretario que transcribe en un computador  con dos dedos las diferentes declaraciones. Desde un cuadro con marco ancho de color oro estilo barroco nos observan unos ángeles. Debajo de este cuadro está sentado David; delgado, con camisa blanca, sonríe poco, quizás por el hecho de que sus familiares no lograron entrar al despacho. La última vez que lo vi en libertad fue en su ciudad natal corriendo de una reunión con cientos de sindicalistas a otra con el alcalde de Barrancabermeja. Los ciudadanos de esta ciudad petrolera buscaban los consejos de este defensor de derechos humanos que durante los últimos 30 años ha realizado innumerables denuncias en torno a ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desplazamientos y desapariciones forzadas en la región del Magdalena Medio. También denunció la masacre del 16 de mayo.

¿Qué hace alguien como yo en un sitio como este? Llegando al Encuentro Nacional de Paz, mi compañera de PBI, Donatella, y yo nos levantamos temprano para ir a recoger a nuestro acompañado, Andrés Flores. Fue mi primer acompañamiento: íbamos a un pueblo llamado La Cooperativapara acompañar a unos 400 campesinos al Encuentro de Paz que se celebró en Barrancabermeja entre el 12 y 15 de agosto.

¡Voy a ir en mi primera chalupa (pequeña canoa)! Todo el mundo me recordaba la suerte que tenía de ir a ese acompañamiento, pero, la verdad, siempre he sido pésima para el campo así que yo no estaba tan segura de mi suerte. Hay gente a la que le encanta la naturaleza, pero a mí me estresa un poco; bueno, quizá algo más que un poco. Pero todas esas dudas desaparecieron cuando conocí a Andrés. Entonces supe que íbamos a estar más que bien. Como casi todas las personas que acompañamos, Andrés es auténtico, comprometido y tiene una fuerza interna que es difícil de encontrar en otros sitios o lugares. Y aunque el “terreno” no me ilusiona, tener la oportunidad de estar rodeada de gente así me parece un regalo demasiado grande.

Andrés Flores (ACVC) y María Mato (PBI)

Fr. Alberto of the Inter-Church Justice and Peace Commission describes the situation for the Nonam community, currently living in difficult conditions in Buenaventura after having displaced from their lands.

Oil palm field outside the Camelias Humanitarian Zone. Photo by Charlotte Kesl.

The first thing I notice after disembarking from the canoe that carried me across the Curbaradó River and scrambling up the bank are palm oil trees. Their rows of short, stout trunks topped by long green fronds stretch as far as my eye can see. I am visiting the Curbaradó River basin, located in Northwest Colombia near the Panama border, precisely because of the bitter struggle between afro-descendant farming communities and the palm oil companies that had taken over the land after the communities were violently displaced, yet I am taken aback by the overwhelming presence of palm oil trees, destined to become ingredients in cosmetics and snack foods.

I soon turn my gaze to the military checkpoint a few meters from the river bank. I also know to expect this, and after years traveling in Colombia’s conflict zones, it doesn’t faze me much. My companions and I are waved through their gate made of guadua, a bamboo relative. The soldiers are part of the perimetral protection that Colombia’s Constitutional Court ordered last year as part of a process to restore the land to its “ancestral” inhabitants—those displaced afro-descendant farmers.

A few more meters down the path I see a white flag suspended on a very long wooden pole. Shortly after, we approach a sign just behind a line of barbed wire fencing announcing the Humanitarian Zone of Camelias. We enter through the gate, passing between two houses suspended a few feet above the ground. I later learn, after hearing some gruesome snakebite tales, that the height protects from snakes, as well as from flooding during the rainy season.

Kids playing in Camelias. Photo by Charlotte Kesl

After finding the house where we’ll be staying and guarding our groceries from all the tropical bugs in clear plastic tubs, I sit down to talk with Cristóbal Reyes. His baggy dark blue oxford shirt doesn’t hide his slight frame, and he regularly checks his watch to see if it’s time for us to leave to accompany him part of the way back to his home in Nueva Esperanza (New Hope), in the neighboring Jiguamiandó River basin. He doesn’t hesitate, however, when I ask him to tell me about the violence that led to the displacement of all the Afro-descendant and mestizo campesinos – small-scale farmers—in Curbaradó and Jiguamiandó river basins, starting in 1996.

Entrevista con el presidente de la Fundación Comité en Solidaridad con los Presos Políticos

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Don José vive desde los 12 años en la finca La Europa y, a pesar de la presencia de diversos actores armados en la zona, él y su familia siguieron trabajando su tierra. Foto: Charlotte Kesl

Llegar hasta la finca La Europa no es tarea fácil y menos si el clima juega en contra de sus visitantes. Hay que recorrer más de cinco kilómetros de trocha —camino abierto en la maleza— donde el barro y las lomas hacen que la respiración se corte y las botas se hundan. No obstante, para Don José, de 67 años de edad, es un paseo rutinario y nada agotador pues él ha vivido ahí desde su infancia.

El esfuerzo vale la pena ya que los ojos agradecen la visión de la tierra fértil y frondosa de la finca de 1.600 hectáreas del municipio de Ovejas ubicada en la región conocida como Montes de María del departamento de Sucre. No sólo el paisaje que se extiende agrada, también las personas que lo reciben.

«Yuca, maíz, ñame… En esta tierra lo que usted siembra, recoge», dice Don José mientras señala la extensión que ante él se dibuja con su herramienta de trabajo preferida: el machete. Esa comunidad campesina quiere mantener su estilo de vida, sus cultivos, su sustento y, sobre todo, su dignidad en pro de la justicia y la verdad bajo presiones y hostigamientos de quienes quieren usurpar su tierra, es decir, su vida. Tal y como dice Don José: «Antes se podía dormir en cualquier parte, pero ya no; y éso no puede ser».

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Me asomo a la cocina y para mi sorpresa un señor me invita a entrar. El ambiente es cálido en esta sala amplia donde las rayas de luz atraviesan las ranuras de las paredes de madera. A un lado, un grupo de mujeres, todas con faldas unicolor de tono salmón, jade y turquesa teñidas a mano, están preparando el desayuno sobre un fogón de leña. Al otro lado, el gobernador de esta comunidad indígena está hablando con algunos familiares mientras niños y niñas están jugando. Es agradable ver esta escena armónica y a la vez sólo puedo pensar en mañana. Porque mañana tenemos que dejar este resguardo de apariencia idílica situado sobre el río Calima en los bosques tupidos y lluviosos cerca del océano Pacífico en el Valle del Cauca. Y las familias indígenas que ahora sienten tranquilidad deben volver al albergue en la ciudad de Buenaventura, uno de los principales puertos comerciales de Colombia, donde llevan ya once meses desplazadas.

Esta comunidad Nonam quiere regresar a sus tierras. Y por eso estamos aquí una delegación compuesta por miembros de la comunidad indígena, jóvenes afrodescendientes, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y varias organizaciones internacionales entre las que está PBI. Todo lo que cuentan del albergue que aún no he conocido contrasta con lo que hay aquí en Santa Rosa de Guayacán. Aquí hay espacios verdes, casas espaciosas de madera —aunque es notable el deterioro de éstas luego de la ausencia de sus habitantes por once meses—, un río para la pesca y mucho campo para los cultivos. Carmen me cuenta con nostalgia que hace un año estaban sentados aquí y comían papaya y papa china de su propia cosecha.